Qué contratos puedes firmar con firma digital y cuáles te obligan a pasar por notario o por un formulario
Inés tiene un local en Cusco y lo alquila a un restaurante. El inquilino vive en Lima, el fiador que ofrece también, y todos tienen certificado digital. Firman el alquiler, la fianza y, de paso, un compromiso de donarle al hijo del inquilino un terreno que Inés tiene en Urubamba. Los tres PDF circulan en una tarde. El caso es inventado, pero la tarde es corriente, y de esos tres documentos la ley trata a uno como un contrato sin forma, a otro como un contrato que exige escrito bajo pena de nulidad y al tercero como un papel que no vale nada.
La firma digital resuelve una sola de las preguntas que se plantean en esa tarde. Quedan otras dos, y son las que este artículo ordena: si la ley exige una forma para ese contrato y, si la exige, cuál. Leímos las normas el 7 de noviembre de 2026.
Tres preguntas, en este orden
Primera: ¿la ley fija una forma para este contrato? Si no la fija, el artículo 143 del Código Civil deja la elección a las partes: «los interesados pueden usar la que juzguen conveniente». La compraventa de un bien mueble, el arrendamiento, el servicio, el suministro a título oneroso no tienen forma legal en el Código. Ahí el único límite es el que vas a leer en la tercera pregunta.
Segunda: si la fija, ¿qué pasa cuando no se cumple? Hay dos respuestas y están en artículos contiguos. El 140, inciso 4, pone entre los requisitos de validez del acto la «observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad». El 1352 lo repite para los contratos: se perfeccionan por el consentimiento, «excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad». Y el 144 abre la otra puerta: cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, esa forma «constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto». La diferencia es enorme. Un contrato con forma solemne que no la tiene no existe. Un contrato con forma probatoria existe, y te cuesta demostrarlo.
Tercera: si hay forma, ¿la firma digital la cumple? Aquí entran el artículo 141-A del Código Civil y el reglamento de la Ley 27269. El 141-A dice que cuando la ley establezca que la voluntad deba manifestarse «a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma», esta «podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo». El artículo 6 del reglamento, en la redacción del D.S. 029-2021-PCM, le da a la firma digital generada por un prestador acreditado dentro de la IOFE «la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita», siempre que no medie ningún vicio de la voluntad. El artículo 1 de la Ley 27269 había dado la misma equivalencia a la firma electrónica en general, con la definición de firma electrónica como cualquier símbolo basado en medios electrónicos usado «con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento».
Todo eso responde a quién firmó y con qué fuerza, no a quién tiene que estar presente ni ante quién. El artículo 3 del reglamento, que el D.S. 029-2021-PCM no tocó, trae una cláusula que conviene recordar: sus disposiciones «no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública». La firma digital cubre el requisito de firma. Si el contrato pide además escritura pública, esa parte sigue siendo del notario.
El cuadro general de la firma está en qué dice la ley peruana sobre firma digital y electrónica.
Los contratos del Código Civil, uno por uno
La tabla recoge los contratos cuyo artículo leímos en el Código Civil. Las leyes especiales con formas propias aparecen después, solo si las leímos.
| Contrato o acto | Forma que fija el Código | Qué pasa si falta | Artículo |
|---|---|---|---|
| Compraventa, arrendamiento (sin ley especial), servicios | Ninguna que hayamos encontrado en sus artículos | No aplica | 143; 1529 y siguientes; 1666 y siguientes |
| Fianza | Por escrito | Nulidad | 1871 |
| Cesión de derechos | Por escrito | Nulidad | 1207 |
| Suministro a título de liberalidad | Por escrito | Nulidad | 1605 |
| Donación de bienes muebles hasta el 25 % de la UIT | Puede ser verbal | No aplica | 1623 |
| Donación de bienes muebles sobre ese límite | Por escrito de fecha cierta, con los bienes especificados y valorizados | Nulidad | 1624 |
| Donación de bienes inmuebles | Escritura pública, con el inmueble individualizado, su valor real y las cargas | Nulidad | 1625 |
| Hipoteca | Escritura pública, salvo disposición diferente de la ley | La ley no dice nulidad en este artículo | 1098 |
| Anticresis | Escritura pública | Nulidad | 1092 |
| Renta vitalicia | Escritura pública | Nulidad | 1925 |
| Poder para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes | Escritura pública, «en forma indubitable» | Nulidad | 156 |
| Subarrendamiento | Asentimiento escrito del arrendador | El arrendador puede resolver el arrendamiento si subarriendas sin él | 1692; 1697, inciso 4 |
| Compromiso de contratar (preparatorio) | La misma forma que el contrato definitivo | Nulidad | 1425 |
Una aclaración: en la hipoteca el artículo 1098 dice que se constituye por escritura pública «salvo disposición diferente de la ley», y no usa la fórmula de la nulidad, así que no lo contamos igual que las filas que sí la usan. Y en la fila del arrendamiento solo decimos lo que leímos: entre los artículos 1666 y 1713 no encontramos una forma que el Código exija al contrato de alquiler.
Primera columna: lo que no tiene forma y se firma sin dudar
El contrato de servicios, la compraventa de mercaderías, el alquiler de una oficina, el acuerdo de confidencialidad. Para todos rige el 143. Tu firma digital ahí no cumple una forma, porque no hay forma que cumplir: es la manera más sólida de probar quién consintió. El artículo 2A del reglamento, que introdujo el D.S. 029-2021-PCM, invierte la carga de la prueba para la firma electrónica cualificada: quien niegue la autoría tiene que demostrar que la firma es apócrifa. Con la firma simple o avanzada, la carga es de quien la invoca como auténtica.
El procedimiento para este tipo de contrato, y qué hacer si la otra parte no tiene certificado, está en contratos con clientes y proveedores firmados en digital.
Hay una trampa que convierte esta columna en la siguiente sin que nadie lo note. El artículo 1411 dice que se presume que la forma que las partes convienen adoptar «anticipadamente y por escrito» es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad. Si en tu contrato marco escribes que las modificaciones solo valen firmadas por ambos representantes, y después las acuerdan por un correo, estás ante una forma convenida. Y el 1413 agrega que las modificaciones del contrato original «deben efectuarse en la forma prescrita para ese contrato», de modo que una adenda a un contrato con forma solemne necesita la misma forma.
Segunda columna: «por escrito» bajo nulidad, con firma digital
La fianza, la cesión de derechos y el suministro a título gratuito piden escrito, y lo piden bajo sanción de nulidad. ¿Basta un PDF con firma digital?
Nuestra lectura es que sí, por tres artículos que se suman. El 141 dice que la manifestación de voluntad es expresa cuando se realiza «en forma oral, escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico», en la redacción que le dio el D.Leg. 1384 en 2018. El 141-A permite que la firma y la formalidad expresa se generen por medios electrónicos. Y el reglamento equipara la firma digital IOFE a la manuscrita. Ninguno de los tres dice expresamente que la fianza pueda firmarse digitalmente: es el resultado de aplicarlos a un acto que pide escrito y firma. No encontramos una norma que lo prohíba para estos tres contratos, ni una sentencia que lo confirme.
Una fianza sin forma es nula, así que la prudencia pide que el PDF lleve la firma digital del fiador y no un acuerdo por chat. Y si el fiador niega haber firmado, con firma digital IOFE le toca probar que es apócrifa.
Dos puntos de la tabla quedan fuera de esta lectura. El primero es la donación de muebles sobre el límite del 25 % de la UIT: el artículo 1624 pide «escrito de fecha cierta». El artículo 245 del Código Procesal Civil, en el texto que leímos, no nombra la firma digital ni el sello de tiempo: solo deja que el juez acepte, «excepcionalmente», la fecha «determinada por medios técnicos que le produzcan convicción». No afirmamos que la firma digital dé fecha cierta; lo explica el artículo de la donación y la cesión de derechos. El segundo es el subarrendamiento: el 1692 exige «asentimiento escrito del arrendador», y el artículo 1681 inciso 9 vuelve a pedirlo. La consecuencia de no tenerlo está en el 1697, inciso 4: el arrendador puede pedir la resolución del contrato si el arrendatario subarrienda «sin asentimiento escrito». El texto exige, pues, que el asentimiento sea escrito. Un correo del arrendador, con las cautelas de la prueba del correo, o un PDF firmado, cumplen esa palabra.
Tercera columna: escritura pública, donde la firma digital no llega
La donación de un inmueble, la renta vitalicia, la anticresis, la hipoteca y el poder para vender o gravar piden escritura pública. La escritura pública la otorga el notario en su protocolo, y la firma digital del otorgante no la sustituye. Está contado en notario y firma digital: qué admite el D.Leg. 1049: la firma digital que prevé ese decreto es la del notario, y los otorgantes firman la matriz en papel. Si quieres saber quién puede otorgar un poder así en nombre de una empresa, mira quién puede obligar a tu empresa con su firma digital.
Volvamos a Inés y al terreno de Urubamba. Su «compromiso de donar» es un contrato preparatorio, y el artículo 1425 dice que los contratos preparatorios son nulos si no se celebran «en la misma forma que la ley prescribe para el contrato definitivo bajo sanción de nulidad». La donación de inmuebles exige escritura pública bajo nulidad (artículo 1625). Un compromiso de donarlo en PDF no vale, por muy bien firmado que esté. La firma no falla: falla la forma del compromiso.
El Código ofrece un remedio para el caso contrario. El artículo 1412 dice que si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública «o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad», las partes pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. En palabras prácticas: si firmaste digitalmente un contrato y la ley o el propio contrato piden después escritura pública, y tu contraparte se niega a ir al notario, puedes pedirle a un juez que la obligue a llenar esa formalidad. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título tenga calidad de ejecutivo. Es una vía para completar un contrato que ya existe; no rescata uno que la ley declara nulo por falta de forma, como el compromiso de donar un inmueble en PDF.
La compraventa de inmuebles merece una frase propia, porque es el caso que más se confunde. El artículo 949 dice que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, «salvo disposición legal diferente o pacto en contrario». La compraventa no necesita escritura pública para existir entre las partes. La necesita para inscribirse: el 2010 pide que la inscripción se haga en virtud de título que conste en instrumento público, «salvo disposición contraria». Por eso el contrato privado se puede firmar con certificado y la escritura se otorga después. Lo que SUNARP admite en línea y cuándo basta un trámite sin notario se desarrolla en la serie de la firma digital ante SUNARP. La compraventa de un inmueble y la de un vehículo tendrán su propio artículo de esta serie.
La forma que no es validez sino ejecución: el formulario del alquiler
El alquiler es el caso donde más gente se pierde, porque el Código no pide nada y dos leyes posteriores sí piden algo, aunque para otra cosa.
El Formulario Único de Arrendamiento. El D.Leg. 1177, publicado en El Peruano el 18 de julio de 2015, estableció un régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. Su artículo 1 lo define como «especial y facultativo»: nadie está obligado a alquilar con él. Su artículo 4 crea tres formularios, entre ellos el FUA, el de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, y dice que mediante ellos «se celebran y suscriben» los contratos. El 4.3 fija la condición que importa: los formularios «tienen mérito de ejecución, siempre que estén suscritos ante un Notario», debidamente habilitado, o en su defecto ante un juez de paz letrado. El artículo 6.1 enumera lo que requiere al notario, empezando por la certificación de firmas en los formularios, y el 6.2 le manda verificar la identidad de quienes suscriben por comparación biométrica.
Dos cosas se desprenden del texto. La primera es que el formulario no condiciona la existencia del alquiler: es una vía para tener un título que se ejecute. La segunda es que lo que el decreto pide es la «certificación de firmas» ante notario, y esa es una función que el D.Leg. 1049 regula para firmas puestas ante el notario o cuya autenticidad le conste, como detalla el artículo sobre el notario. El D.Leg. 1177 no dice nada, en la copia que leímos, sobre firmas digitales en el FUA. Tampoco lo prohíbe. No afirmamos, por eso, que un FUA firmado con certificado y enviado a una notaría sirva para el mérito de ejecución: hay que preguntarlo a la notaría, y lo tendrá resuelto, o no, según su práctica.
El desalojo con intervención notarial. La Ley 30933, publicada el 24 de abril de 2019, regula un procedimiento en el que un notario constata el vencimiento del plazo o la falta de pago y un juez de paz letrado ordena el lanzamiento. Su artículo 4, inciso 2, es la regla de forma: el contrato debe estar contenido «en el Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda (FUA)», creado por el D.Leg. 1177, «o en escritura pública», y en ese segundo caso el alquiler puede ser de vivienda, comercio, industria u otros fines. El inciso 3 añade que las adendas «deben cumplir con la misma formalidad que el contrato primigenio». El artículo 5 exige que el contrato contenga una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, otra de sometimiento expreso a la ley y los datos de una cuenta de abono en el sistema financiero. Y el artículo 7 limita las causales a dos: vencimiento del plazo e incumplimiento del pago de la renta.
Para el alquiler de Inés, la consecuencia es esta. Si firman por PDF con certificado digital, el alquiler existe y obliga. Pero no cumple el artículo 4.2 de la Ley 30933, y si el inquilino deja de pagar, Inés no podrá desalojarlo por la vía notarial. Le quedará la judicial. Para tener la notarial, siendo un local, tendría que elevar el contrato a escritura pública, y lo mismo cualquier adenda.
No leímos el reglamento del D.Leg. 1177 ni verificamos si el RAV y el FUA siguen operando como en 2015. Tampoco comprobamos si una ley posterior modificó la Ley 30933.
Los títulos valores: otra capa, ya contada
El pagaré y la letra de cambio tienen una regla de soporte, no de firma: la Ley 27287 admite sustituir la firma autógrafa por medios electrónicos de seguridad, pero el título tiene que ser papel o estar anotado en cuenta. Un PDF firmado con certificado no basta para ser título valor ejecutivo. El desarrollo está en pagaré o letra de cambio firmados digitalmente, y por eso esta serie no tiene un satélite de pagarés.
Antes de firmar: cuatro comprobaciones
- Busca el contrato en la tabla y, si no está, la palabra «escrito» o «escritura pública» en su artículo del Código. Si no aparece, la forma es libre (artículo 143).
- Si la forma es «por escrito» bajo nulidad, firma con certificado digital IOFE y conserva el PDF firmado.
- Si la forma es escritura pública, no firmes en PDF un compromiso de contratar: el artículo 1425 lo anula.
- Pregunta cuál es el objetivo del contrato además de existir. Si es inscribirlo (2010), ejecutarlo sin juicio largo (FUA o escritura en la Ley 30933) o cobrarlo como título valor (Ley 27287), la forma que exige el objetivo puede ser más estricta que la del contrato.
La lista corta de excepciones generales (testamento ológrafo, actos ante funcionario) está en qué documentos se pueden firmar digitalmente.
Nuestra opinión
Para un contrato de forma libre, firma con certificado digital IOFE: la ley no lo pide, pero el artículo 2A cambia quién tiene que demostrar qué si hay controversia. Para uno que pide «por escrito» bajo nulidad, como la fianza, firma digital también; que además se pida legalización notarial lo decide el banco o la contraparte, no una ley que hayamos leído. Para uno que pide escritura pública, firma digitalmente el contrato privado previo y lo que lo rodea, y reserva el viaje a la notaría para el acto que solo allí se hace.
Lo que no haríamos es lo de Inés: firmar tres contratos en una tarde sin mirar el artículo de cada uno. La firma no falló. Falló la forma.
Lo que este artículo no afirma
- Que la lista sea completa. Leímos los artículos del Código Civil que aparecen en la tabla, no el Código entero. Hay formas fijadas en leyes especiales (sociedades, consumo, seguros, transporte, laboral) que no leímos.
- Que los textos vigentes sean los de la copia. Leímos el Código Civil en la 16.ª edición oficial del MINJUS (marzo de 2015) y en una copia consolidada con modificatorias anotadas hasta el 8 de septiembre de 2021 (la del SAT de Lima, no oficial del MINJUS). Con el D.Leg. 1384 (4 de septiembre de 2018) cambian el artículo 140, inciso 1, y el 141, que son los dos únicos de los citados que aparecen modificados después de 2015. No encontramos una copia consolidada posterior a septiembre de 2021 en fuente oficial, y no podemos descartar una modificación posterior de los demás artículos.
- Que la firma digital cumpla «fecha cierta» del artículo 1624. El artículo 245 del Código Procesal Civil no la nombra; está contado en el artículo de la donación.
- Que una notaría acepte un FUA o una adenda firmados con certificado digital. El D.Leg. 1177 habla de «certificación de firmas» y no dice nada, en la copia que leímos, de la firma digital.
- El estado actual del FUA, del RAV y del reglamento del D.Leg. 1177. Leímos el texto de 2015, escaneado y pasado por OCR, no el reglamento ni modificatorias.
- Que la Ley 30933 siga sin cambios. Leímos el texto publicado el 24 de abril de 2019 en El Peruano y no buscamos modificatorias posteriores.
- Ninguna sentencia. Que una fianza o una cesión firmadas con certificado digital satisfagan el «por escrito» es lectura nuestra de los artículos 141, 141-A y 1871.
- La compraventa de vehículos y los contratos con consumidores. Van en artículos aparte.
- La situación de nadie real. Inés, el inquilino y el fiador son un caso inventado.
Si el contrato tiene un monto alto o una forma que no esté en esta tabla, consulta a un abogado o a un notario antes de firmar.
La serie
Esta página es el pilar del clúster «Los contratos que la ley obliga a hacer con una forma». Los cinco artículos que la desarrollan:
- El contrato de alquiler firmado en digital: qué vale, qué te quita el no pasar por notario y qué exigen el FUA y el desalojo notarial.
- La compraventa de un vehículo o de un inmueble: qué sigue pasando por notario y qué puedes firmar en digital antes.
- La fianza, la hipoteca y las demás garantías: qué forma exige cada una y cómo se firma lo que admite firma digital.
- El contrato con un consumidor por internet: lo que exige el Código de Protección y Defensa del Consumidor y cómo se prueba la aceptación.
- Donación, cesión de derechos y otros actos sin precio: cuándo basta el escrito, cuándo hace falta escritura y qué pasa con la fecha cierta.
También están publicados el pagaré y la letra de cambio firmados digitalmente, el notario y el D.Leg. 1049, el contrato por correo, los contratos con clientes y proveedores, quién puede obligar a tu empresa y qué documentos se pueden firmar digitalmente.
Fuentes
Consultadas el 7 de noviembre de 2026. Copias locales en reports/redaccion-diaria/2026-11-07-notas/fuentes/mfd-pilar16/, salvo las indicadas.
- Código Civil, Decreto Legislativo 295, copia consolidada del SAT con modificatorias anotadas al 8 de septiembre de 2021, artículos 140, 141-A, 143, 144, 156, 949, 1092, 1098, 1207, 1352, 1411, 1412, 1413, 1425, 1605, 1623 a 1625, 1666 y siguientes, 1681, 1692, 1697, 1871, 1925 y 2010. Copia:
cc_sat2021.txt. - Código Civil, 16.ª edición oficial del Ministerio de Justicia, marzo de 2015. Copia en
reports/redaccion-diaria/2026-10-16-notas/fuentes/mfd-escaneada/cc16_codigo_civil_2015.txt. - D.Leg. 1384, El Peruano, 4 de septiembre de 2018 (artículos 140 y 141 del Código Civil). Copia en
reports/redaccion-diaria/2026-10-16-notas/fuentes/mfd-escaneada/dleg1384.txt. - Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, artículos 1 y 2. Copia en
reports/redaccion-diaria/2026-10-16-notas/fuentes/mfd-escaneada/ley27269_27310.txt. - D.S. 052-2008-PCM, artículo 3, y D.S. 029-2021-PCM (19 de febrero de 2021), Segunda Disposición Complementaria Modificatoria: artículos 6 y 2A. Copias en
reports/redaccion-diaria/2026-10-16-notas/fuentes/mfd-escaneada/ds052_reglamento_2008.txtyds029_2021_reglamento_gobierno_digital.txt. - Decreto Legislativo 1177, régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, El Peruano, 18 de julio de 2015, artículos 1, 4 y 6. Escaneo leído con OCR. Copias:
01177.pdf,1177_ocr.txt. - Ley 30933, procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, El Peruano, 24 de abril de 2019, artículos 2, 4, 5 y 7. Copia:
ley30933.txt. - Ley 27287, Ley de Títulos Valores (copia de Editora Perú), artículos 2 y 6, solo para la referencia a otro artículo de esta serie. Copia:
ley27287.txt.
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Última revisión: 7 de noviembre de 2026.